Presentación que di como invitado a la cátedra de la Dra. Judith Mariscal sobre temas de Internet relevantes para cualquier persona interesada en el tema desde la perspectiva de Políticas Públicas.
Históricamente, el ciclo de adopción de nuevas tecnologías está conformado por dos etapas:
El panorama político mexicano parece atascado en la discusión de reformas que si bien son necesarias, son apenas suficientes para una economía predominantemente industrial (reformas energética y laboral) sin reconocer que, para lograr ser más competitiva, nuestra economía deberá depender cada vez más de su capacidad para desarrollar y aprovechar su capital intelectual.
En el centro de todo debate sobre adecuaciones al marco regulatorio mexicano para las Tecnologías de la Información y Comunicaciones debe reconocerse sobre todas las cosas un derecho esencial al usuario de los servicios de comunicaciones, sea éste un individuo o una institución que es el Derecho del usuario a poder explotar su servicio de red enteramente a su conveniencia.
Tal derecho como ha sido ejercido hasta ahora ha sido fundamental para fomentar la aparición y adopción masiva de tecnologías como la mensajería instantánea, el correo y comercio electrónicos y el cómputo distribuido. Tales innovaciones no hubieran sido posibles en un mundo donde los operadores determinan los usos de la red, acotados por la regulación y el criterio de las autoridades.
A partir del derecho fundamental ya enunciado, se desprenden derechos más específicos como sigue:
Reconocer los derechos aquí enunciados es una forma de redirigir la discusión regulatoria hacia encontrar un verdadero beneficio en competitividad para nuestro país. A fin de cuentas la competencia importante no será la que se da entre operadores, sino entre economías y hasta el momento, México parece querer perder sin intentar al menos dar batalla.
La siguiente es la transcripción de la entrevista que di a Ernesto Piedras en el programa de Oscar Mario Beteta en Radio Fórmula.
Ernesto Piedras, colaborador, conversó con Carlos Silva Ponce de León, experto en aplicaciones tecnológicas y seguridad en telecomunicaciones.
Ernesto Piedras (EP): Retomando el tema que teníamos ayer sobre esta declaración que hizo la Cofetel en cuanto a la ilegalidad que argumentan por tener bloqueo de señales de celulares en la cárceles, ha surgido mucha preocupación, recibimos comunicados por correo electrónico, llamadas. Por eso invitamos a Carlos Silva, él ha trabajado en la industria, es un reconocido escritor. Carlos, ¿qué opinión te merece este comentario de la Cofetel?
Carlos Silva (CS): Ernesto, Oscar Mario, auditorio, buenos días. Primero, Ernesto, es realmente una opinión lamentable, estamos hablando de una interpretación literal de la ley en un momento en que el avance tecnológico está haciendo obsoleta precisamente la legislación en telecomunicaciones. Si estamos hablando de que la legislación de telecomunicaciones fue planteada con miras a hablar de una red telefónica que fue concebida hace más de cien años, en este momento en que requerimos el criterio de la autoridad como regulador para establecer reglas que garanticen el uso de las telecomunicaciones en beneficio de todo el país, nos estamos encontrando con una limitación miope, limitada, que simplemente se remite, repito, a una interpretación muy literal de una letra que cada vez parece muerta.
EP: O sea la prioridad es la seguridad nacional, evitar el terrorismo, la guerrilla, todo este ámbito de inseguridad social que estamos teniendo, y la tecnología no es la culpable, porque lo primero que debemos preguntar es por qué hay estos huecos en los sistemas de seguridad que hacen aparecer celulares dentro de las cárceles. Entonces, lo primero es que ahí hay un hueco del sistema de seguridad; lo siguiente a que se puede impedir la emisión de esta señal, se puede localizar quién la emana.
CS: Perfectamente identificable una señal celular, dado que precisamente se requiere de cierto orden para el uso del espectro radioeléctrico, que es patrimonio de la nación, los operadores de celulares para poder operar requieren de una concesión que los delimita en la frecuencia que puedan utilizar para poder realizar las comunicaciones celulares, entonces es perfectamente identificable en qué frecuencias del espectro se están haciendo las transmisiones, se pueden generar señales que de alguna manera oculten… es como en una conversación ponerse alguien a gritar para evitar que se lleve a cabo una conversación, de manera muy sencilla es esa, pero es perfectamente posible.
Realmente ya llegar al punto de requerir bloquear una señal celular, como tú bien dices, es primero porque hay un celular ahí, ya estamos hablando de una medida extrema cuando ya se ha demostrado que otras medidas ya no han funcionado.
EP: Pero lo que no se vale es decir no, no, no, por el momento dejen operar a estos hampones que están en prisión, seguir con su operación de secuestro, porque ahora, reconozcámoslo, los teléfonos tienen capacidad de tomar fotografías, transmitir imágenes, archivos, el desarrollo tecnológico da grandes capacidades, pero esto se debe regular y legislar.
CS: Se debe regular y legislar y tener un criterio perfectamente bien definido de cuándo es requerido tomar acción por parte del regulador, si estamos hablando por ejemplo de bloquear señales en lugares públicos como cines e iglesias, qué pasa en el momento cuando un dispositivo de éstos se encuentran funcionando y se requiere el uso de un teléfono celular por una emergencia, estamos hablando ahí de un recurso que se requiere en este tipo de situaciones emergentes, no podemos evitar que se lleve a cabo la comunicación de esa manera.
EP: Oye, qué pasaría entonces si nos vamos estrictamente a lo que manda la ley, cuando se prohíbe el uso de teléfonos celulares en los bancos, en las sucursales bancarias.
CS: Ahí es un caso particular...
Oscar Mario Beteta (OMB): Pero vamos a hablar de esto después de un mensaje, porque estamos con la guillotina para varias.
(Pausa comercial)
OMB: Regresamos a platicar con nuestro experto en materia de telecomunicaciones, don Ernesto Piedras, y con el ingeniero Carlos Silva Ponce de León, experto en aplicaciones tecnológicas y seguridad en telecomunicaciones, y es que el presidente, ¿es presidente verdad?, el presidente de la Cofetel, Jorge Arredondo, dijo que se violaba la ley si se instalaban los aparatos que estaba solicitando la Procuraduría General de la República en los penales para evitar en los penales federales también, obviamente, para evitar que se siguieran desde las cárceles planeando secuestros y extorsionando a la población. Y entonces bien decía don Carlos Silva Ponce de León que hay que tener criterio para aplicar la ley en situaciones de emergencia, lo cual no se ve con el señor Jorge Arredondo.
Por cierto, buscamos ayer Jorge Arredondo, presidente de la Cofetel, y un señor… ¿cómo se llama?
No identificado: Jesús Morales, de Comunicación Social.
OMB: Ah, es de Comunicación, ¿por qué le dicen Comunicación Social si lo único que hacen es no practicar la comunicación?, pero bueno, uno dizque de Comunicación Social, Jesús Morales, dijo que estaba ocupadisisísimo el señor Jorge Arredondo y que no podía platicar con el auditorio, en fin.
No identificado: Es muy lamentable eh, porque en este tipo de ocasiones es cuando queremos escuchar la voz de las autoridades del sector.
OMB: Además, ¿no son funcionarios públicos?
No identificado: Sí lo son.
OMB: Pues entonces tienen la obligación ¿no?
EP: Pero bueno, esa falta de interlocución es reiterada y frecuentemente quedan estos vacíos, pero Carlos, ¿qué más nos decías?, ¿técnicamente es posible?, ¿hay que aplicar criterio?, ¿qué experiencias hay en otros países?
CS: Realmente el uso de los celulares en penales es una posibilidad que ofrece la tecnología, ha habido casos en el estado de Texas, hubo uno recientemente muy sonado, en Nueva Zelanda, está documentado el caso de los operadores celulares cooperando con la autoridad para evitar el uso de los celulares en los penales.
¿Finalmente qué es lo que está pasando? La tecnología de manera natural le está dando más poder al usuario, esto no se hubiera imaginado hace 20 años cuando la única posibilidad para comunicarte telefónicamente era una línea fija que estaba atada a un domicilio.
Hoy la tecnología va a dar cada vez más y más y más poder, esto está provocando que las regulaciones tradicionales vayan quedando un poco obsoletas, ahí es donde precisamente requerimos de una autoridad que tenga el criterio para ir haciendo política pública y tomando decisiones críticas en situaciones como ésta.
Oscar Mario mencionaba los bancos, ¿por qué es importante no usar celulares en los bancos?, bueno, los bancos, el sistema financiero es una infraestructura crítica en cualquier país, si se pone en riesgo la operación de una infraestructura tan crítica como el sistema financiero es perfectamente razonable prohibir el uso de una tecnología.
OMB: Se justifica en todos aspectos. La pregunta que le hacía su servidor a don Carlos Silva Ponce y a Ernesto Piedras, ¿por qué si en los bancos para evitar asaltos se prohíbe el uso de celulares, cómo es que la Cofetel para evitar secuestros que se planean desde las cárceles dice: "Oye, no, si metemos estos aparatos para que no salga la señal de celular y tampoco se reciba se está violando la ley"?
CS: Hay una diferencia técnica que de fondo es completamente relevante, el banco no está bloqueando la señal, no está utilizando ningún dispositivo tecnológico para que técnicamente sea imposible hacer una transmisión celular, pero el efecto práctico de fondo es el mismo.
OMB: Pero ¿no hay tampoco una ley que prohíba eso?
EP: No es una disposición privada, ahí está la diferencia entre lo público y lo privado, entras a un espacio privado y se te invita a observar un código de comportamiento.
CS: Pero el impacto es público, estás permitiendo el funcionamiento de una infraestructura crítica que sirve al interés público.
Tulio Saldívar (TS): Y el consenso eso ayuda, te contribuye a la Seguridad Pública.
CS: Si aquí tú estás en aras de defender la necesidad de contar con una infraestructura de telecomunicaciones solapando delitos pues estás haciendo una interpretación completamente equivocada de la legislación.
OMB: Bueno, entonces ¿cuál sería la conclusión en relación a la posición de la Cofetel de prohibir que se instalen estos aparatos para evitar secuestros y amenazas que hacen los presos desde su celda a la población?
EP: Lo primero que necesitamos es una autoridad regulatoria proactiva que no sólo diga lo que no se debe hacer porque aquí no podemos quedarnos pasmados, sino que indique cuáles tecnologías sí podemos aplicar, pero inmediatamente, porque aquí no hay tiempo de espera, los temas recurrentes están siendo éstos de inseguridad y eso es lo que no queremos como sociedad.
Entonces, tecnologías, ya nos explicó Carlos Silva, existen, son eficientes casi al 100 por ciento, entonces cuáles sí debemos aplicar pero no sólo negar la aplicación, como él también decía, sin criterio.
OMB: Bueno, Tulio Saldívar está subrayando un artículo de la Constitución y que se refuerce ¿a qué?, a ver Tulio, aquí con nuestros expertos.
TS: Sí, además quiero comentarte que el artículo 38 de la Constitución dice textualmente: "Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden durante la extinción de una pena corporal", así es que los señores que están dentro de los penales federales o locales están suspendidos de sus derechos o prerrogativas constitucionales.
CS: Estás hablando de principios que están por encima de cualquier legislación en telecomunicaciones que es específicamente simplemente de una industria.
TS: Sí, así es.
OMB: ¿Entonces qué debe seguir?, o cómo debe de entender el señor Jorge Arredondo, presidente de Cofetel, que este tipo de medidas que busca aplicar el gobierno Federal, yo no sé si también, por ejemplo, el Gobierno del Distrito Federal, tienen forzosamente que llevarse a cabo para que el Estado, para que el gobierno cumpla con su primera obligación y es ofrecer seguridad a los ciudadanos, independientemente de lo que diga el señor de la Cofetel.
EP: Porque de hecho ya operan en tres penales, que son La Palma, Puente Grande y Matamoros, a lo cual argumenta el presidente de la Cofetel que se obstruyen las vías generales de comunicación y comete un delito federal pero ya Tulio nos explicó las leyes que están por arriba.
CS: Y esperaríamos de cualquier autoridad precisamente en ejercicio de sus facultades para permitir que esta necesidad de alguna manera sea posible dentro del marco regulatorio actual, no simplemente la negación de un funcionario a lo que son sus funciones.
OMB: Oye, no vaya a ser que Jorge Arredondo sea también como consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿no?, y esté protegiendo a los delincuentes.
CS: La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya se pronunció a favor de esta…
OMB: Ah de que sí.
CS: La Comisión Nacional de Derechos Humanos…
OMB: Ah, dijo que no hay problema, entonces…
CS: Qué bueno, ése es un principio constitucional que ya lo comentó bien Tulio ¿no?
OMB: Pues entonces no entendemos la posición del señor Jorge Arredondo, presidente de la Cofetel. Le repito al auditorio, buscábamos que le explicara a usted que ha sufrido alguna extorsión en aeropuertos, se da mucho en aeropuertos, o en la calle o en su automóvil a través de celular porque es que él dice: "No, hombre, dejen a estos delincuentes que sigan operando desde las cárceles porque se está violando la ley".
Volvemos a mencionar y a repetir, hay que tener criterio cuando se es funcionario público para aplicar la ley en situaciones de emergencia, y el Distrito Federal y muchas capitales en el país están en una situación de emergencia por el elevadísimo índice de inseguridad en donde triste y desgraciadamente la capital de la República se lleva el primer lugar.
Tenemos un minuto, ¿alguna conclusión Ernesto?, ¿alguna conclusión Carlos?
EP: Mira, yo redondearía diciendo… esta regulación pasmada, o sobre todo aplicación regulatoria casi pasmada, por un lado se activa para bloquear estos temas de seguridad y, por otro lado, ayer comentábamos, no promueve la competencia, no hace su tarea, creo que ahí tenemos muchas asignaturas pendientes que nos impactan en seguridad social, en competencia, en calidad, importante tener un regulador muy activo.
CS: Más aún cuando es de esperarse que el avance tecnológico haga que estos temas vayan a ser recurrentes, vamos a encontrarnos frecuentemente con el hecho de que la tecnología al darle más poder al usuario, para poder tener un uso positivo y un impacto de beneficio para la sociedad en su conjunto, en algún momento se le encuentran usos bastante negativos para lo cual requerimos que la autoridad ejerza sus funciones.
OMB: Sí, además el papel de la Cofetel ha sido muy pobre, y una muestra más es lo que mencionara el lunes pasado el vicepresidente de Nextel ¿no?, Gustavo Cantú, que le está pidiendo a la Cofetel actúe y trabaje y no exclusivamente se escude a través de pretextos o mentiras para no hacer lo que le corresponde. En fin, gracias a don Ernesto Piedras, gracias al ingeniero Carlos Silva Ponce de León por haber estado aquí.
Olviden las polémicas sobre las Reformas a las Leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión del año pasado, dentro del ruido que el tema genera se he perdido una declaración de Eduardo Ruiz Vega (Comisionado de Cofetel) que puede tener un impacto más directo y de corto plazo hacia los usuarios finales que las mismas reformas a la Ley.
Sólo un medio (El Universal) tomó nota de la declaración de Ruiz Vega donde habla de la eventual eliminacion de todos los reglamentos específicos de servicios de telecomunicaciones en una sola reglamentación general y más sencilla.
Los beneficios de tal iniciativa son múltiples:
Por supuesto, la respuesta no debería ser crear un nuevo reglamento separado cada vez que un desarrollo tecnológico facilite la aparición de un nuevo servicio. El time to market, claramente requiere respuestas más agiles que las que el “time to regulate” generalmente ofrece. Pero ésta iniciativa, si es debidamente ejecutada, será un paso adecuado hacia la desregulación del sector.
En un país donde claramente existe un déficit de infraestructura, no hay mejor incentivo para el desarrollo de ésta que abrir las puerta para que las agentes privados puedan tener un oportuno retorno de inversión, ése es el objetivo de los operadores al buscar brindar más servicios en su red y el origen del gran interés de la industria por los procesos de convergencia; el resultado esperado: más opciones y mejores precios para el usuario.
La propuesta dista mucho de ser la sobresimplificación que, por ejemplo, propone The Progress and Freedom Foundation con su proyecto “Digital Age Communications Act” al sugerir eliminar toda la regulación específica a telecom y reemplazarla con regulación antimonopolio, lo cual además es contrario a las conclusiones de otros estudios (Kerf, Neto, Géradin, 2005) que sugieren un adecuado balance entre ambos tipos de regulaciones como requisito indispensable para incrementar la competitividad del sector.
Seguramente que absorber las inversiones en que incurrirá para implantar portabilidad numérica en México (sin posibilidad de recuperarlos con cargo al usuario) no fue el resultado que Telmex estaba deseando.
Sin embargo llama la atención que el hecho de que la portabilidad aplique al mismo tiempo para todos los operadores sea considerado por Reforma como un revés a Telmex. La idea original era que durante seis meses sólo Telmex tuviera la obligación de permitir a sus clientes cambiar de operador conservando su número telefónico. ¿Reforma cree que ésto era una ventaja para Telmex?
Sí, hay noticias que celebrar en el mercado mexicano de las telecomunicaciones.
En medio de las histéricas y altamente politizadas discusiones sobre las reformas del año pasado a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y TV es de lamentar la relativa poca atención que recibe la entrada de la Portabilidad Numérica, modalidad que permitirá a los usuarios de servicios de telefonía (móvil y fija) conservar su número telefónico cuando deseen cambiar de proveedor.
Hay que empezar por recordar que la introducción de tal capacidad no debiera resultar tan inesperada. Desde 1995, la Ley Federal de Telecomunicaciones en su Artículo 44 fracción V, establece como obligación para los concesionarios: “Permitir la portabilidad de números cuando, a juicio de la Secretaría (la SCT), esto sea técnica y económicamente factible”.
La pregunta más bien es, ¿por qué hasta ahora?. La agenda regulatoria desde 1995 estuvo apretadísima: en aquel año se tuvo una nueva ley para el sector; en 1997 se abrió a competencia el mercado de Larga Distancia; en 1998 se abrió el mercado local y se licitaron frecuencias para nuevos operadores móviles e inalámbricos fijos; finalmente, en 99, se introdujo el esquema “El que llama paga”. Pero durante los años 2000 a 2005 simplemente no ocurrió suceso alguno que pueda ser comparable en importancia a los anteriores y era precisamente en esos años cuando era necesario consolidar el naciente proceso de apertura a la competencia.
Es difícil predecir si la pura entrada de la competencia cambiará el balance entre los operadores que surgieron del antiguo monopolio estatal y los competitivos. Estudios igualmente serios afirman que en los mercados móviles, por ejemplo, tener bases de clientes predominantemente de prepago (como en nuestro caso) es determinante para que la portabilidad sea un éxito. Otros estudios afirman que el dominio que ostentan Telmex y Telcel será potenciado mediante esta modalidad.
La realidad es que por sí sola, la introducción de ninguna modalidad regulatoria hará que súbitamente nuestro mercado sea más competitivo. Aún así, la portabilidad es un caso paradigmático de regulación cuyos beneficios claramente superan a sus costos: al asignar al usuario derechos sobre su número telefónico, se crean incentivos para que los participantes en el mercado generen resultados deseables socialmente (ya sea mejores servicios, precios, mayor cobertura o una combinación de éstos u otros factores). Este es el resultado de asignar derechos de propiedad al agente que termina financiando las inversiones en redes, equipos y nuevos servicios: el consumidor.
En conclusión, el arranque de la Portabilidad es probablemente el desarrollo regulatorio reciente más relevante para las telecomunicaciones del país y, por más atención que acapare en los medios, no lo es el tratar de especular sobre si en el año 2022 cuando todos los televisores en México sean digitales, existirá la tecnología y el espectro disponible para que los concesionarios actuales de TV puedan transmitir chistes, noticias u horóscopos personalizados a sus televidentes.
La revista electrónica L@tin.tel publicada por Regulatel, el Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones dedicará su siguiente número (No. 9 Abril-Junio de 2007) al tema de "La movilidad en las telecomunicaciones".
Como una exclusiva para los lectores de este blog, ofrezco el artículo que contribuí para tal publicación.
El siguiente artículo será publicado la próxima semana (9-13 de julio) en el diario El Financiero. Ofrezco la primicia a los lectores de este blog.
Estimado lector, aunque usted no lo crea, su teléfono celular aún le guarda sorpresas en la función más básica para la que fue concebido. Se seguirán lanzando teléfonos con mayores anchos de banda para acceder a Internet o con más capacidad para almacenar música y videos, pero usted también encontrará novedades en la forma como podrá hacer y recibir llamadas telefónicas.En particular, ¿qué le parece tener el mismo número para su línea celular y su línea fija?, mejor aún, ¿qué tal integrar la funcionalidad de ambas líneas en un solo teléfono?, es decir, usar el mismo aparato para poder hacer llamadas en la calle usando la red celular y hacer llamadas en casa aprovechando los menores precios de la línea telefónica fija. Esa es la promesa inicial de la tendencia a la convergencia de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles.
Como en todas las modalidades en el que fenómeno de la convergencia se manifiesta, la convergencia fijo-móvil permite a los operadores integrar múltiples servicios en una sola oferta creando incentivos para entrar a nuevos mercados.
Si hace algunos años a un operador de telefonía fija le hubiera parecido aventurado añadir telefonía celular a su portafolo de servicios, hoy esto podría resultar más atractivo al integrar los servicios fijos y móviles en un nuevo producto combinado (empaquetamiento) o hacer muy atractiva la contratación de ambos servicios separados (venta atada). Tal combinación puede resultar en incrementos de ingresos y de lealtad del suscriptor que generan mayor rentabilidad y más certidumbre a la nueva inversión.
Hay que destacar, sin embargo, que dada la estructura del mercado de telecomunicaciones de nuestro país, existen diferencias en los impactos sociales que una estrategia de convergencia fijo-movil pueda tener en función de qué operador la lleve a cabo.
Si la convergencia fijo-móvil permite a un operador competitivo (cualquiera no surgido del antiguo monopolio estatal) ofrecer más servicios, se genera un resultado socialmente deseable en la forma de una mayor competencia y menores precios.
Pero, si la iniciativa la toma el operador dominante (Telmex/Telcel), el escenario es radicalmente distinto. Una empresa dominante puede usar estrategias de empaquetamiento y ventas atadas para: a) defender su posición en un mercado al bloquear la entrada de nuevos competidores (el caso de Microsoft usando su dominio en Windows para bloquear la entrada de Nestscape en el mercado de navegadores web), b) usar su posición dominante en un mercado para buscar dominar un mercado adicional (de nuevo el caso de Microsoft usando su dominio en Windows para dominar el mercado de aplicaciones con la suite Office).
En políticas públicas es difícil hablar de absolutos y de la misma manera como múltiples estudios sustentan mis afirmaciones, pueden encontrarse otros tantos igualmente serios que minimicen el riesgo que planteo. Cabe puntuallizar, sin embargo, que hay pocos ejemplos en la literatura académica que partan de condiciones similares a las del caso mexicano: es poco común encontrar una empresa (o grupo de empresas) que tenga tal poder de dominancia simultánea en dos mercados de productos complementarios (telefonía fija y móvil).
Cuando un par de empresas ha sido capaz de mantener una posición dominante en los mercados en que opera después de más de 10 años de competencia, es difícil pensar que la integración de la oferta de ambas resulte en un ambiente más competitivo y benéfico para el consumidor.
El avance tecnológico seguirá ofreciendo nuevas posibilidades que continuarán maravillándonos, si bien, la autoridad deberá ser la menos sorprendida ante tales desarrollos, una vez que los principios económicos que sustentan una sana regulación pro-competencia, de manera general, seguirán siendo esencialmente los mismos.
Reforma me cita el día de hoy sobre el status regulatorio de los servicios de acceso a Internet en México:
Internet es considerado como un servicio de valor agregado, cuyo prestador no está obligado a justificar y registrar sus tarifas, según detalla el artículo 33 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Para estos servicios no se requiere de concesión o permiso y bastará con un registro ante la SCT, situación que es así desde la promulgación de la Ley de Telecomunicaciones en mayo de 1995, explicó el investigador del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, Carlos Silva.
El reportaje se enfoca en los aspectos "negativos" de que Internet no sea regulado, específicamente una supuesta "desprotección" del usuario.
No estoy de acuerdo, Internet es un mercado que nació desregulado con la idea de que naciera y se mantuviera competitivo. Se puede discutir que esta noción surge cuando para ser un ISP no se requería desplegar infraestructura de telecomunicaciones (cuando el acceso era predominantemente por marcación a través de la red telefónica) y que ésto ya no es válido en un mundo de banda ancha. Hay dos elementos a considerar antes de emitir un juicio sobre el tema:
1. Internet raramente se ofrece como un servicio "stand-alone", generalmente va asociado a un servicio regulado (telefonía, TV por cable) que ofrece obligaciones particulares a la red de acceso. Si el propuesto Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad que impulsa COFETEL es implantado (parece ser que así será), se crearán obligaciones como la desagregación del acceso local que es una obligación para las redes públicas de telecomunicaciones (que son reguladas) que tendrá un impacto directo sobre la provisión de servicios de Internet (que no cambia su status de servicio "desregulado").2. Cuando un consumidor tiene una queja ante un proveedor de servicio no acude con la ley de Telecomunicaciones en mano ante la SCT o COFETEL, sino a la Profeco, que trata con igual rigor a proveedores de servicios de telecomunicaciones sean regulados o no.
El status regulatorio de un servicio determina los incentivos que existan a largo plazo para la inversión, la competencia y la provisión de servicios de calidad a todos los usuarios en su conjunto. Tal status, poco o nada tiene que ver con resolver el problema de un usuario particular, para ello existen otras instancias.
¿Qué busca Google en el sector de las telecomunicaciones móviles?
Por lo que se lee en la prensa, se puede suponer que Google quiere probablemente alguna o todas las siguientes cosas:
lanzar un teléfono lanzar una plataforma/sistema operativo para cualquier teléfono fabricado por terceros "liberar a los usuarios" de la opresión ejercida por las tres grandes operadoras celulares en los Estados Unidos (AT&T, Verizon y Sprint)
Me enfoco en el último punto. En una carta a la FCC Google solicitó que la próxima licitación de espectro en la banda de 700Mhz cumpla con cuatro condiciones a las que Google refiere como:
“Open applications” – el derecho del usuario de descargar y usar cualquier aplicación “Open devices” – el derecho del usuario de conectar el dispositivo que desee a la red “Open services” – la obligación del titular del espectro de rentar capacidad a terceros (operadores virtuales – MVNOs) “Open networks” – la obligación de ofrecer interconexión a proveedores terceros
Hace cuatro años escribí un artículo llamado “Los nuevos derechos del usuario de telecomunicaciones” donde apoyaba, entre otras, las dos primeras ideas dentro del objetivo último de reconocer el "Derecho del usuario a poder explotar su servicio de red enteramente a su conveniencia".
Pareciera entonces que comparto la misma visión de Google sobre el futuro de los servicios de telecomunicaciones. Desafortunadamente no es el caso y, como en todo debate que involucre una visión de futuro para el mercado en su conjunto, los detalles hacen una gran diferencia.
La principal crítica que hago a la noble labor que ha emprendido Google para "promover la innovación e incrementar las opciones a los consumidores" es que está incompleta pues no debe incluir sólo los dispositivos y las aplicaciones sino también la plataforma (e.g. sistema operativo) de su terminal. Específicamente mi propuesta dice:
4. El usuario tendrá libertad absoluta para elegir los componentes de software de su terminal (sistema operativo, plataforma de aplicaciones y aplicaciones en sí).
Al plantear esa lista de derechos, busque definir un ideal que buscara guiar la labor del regulador que enfrenta la labor de regular las redes y servicios basados en tecnología de nueva generación. Pero no soy ingenuo, un ideal es solo eso y un buen diseño de política pública es siempre algo susceptible de ser mejorado, algo que busca el mejor de los escenarios posibles, no necesariamente el mejor escenario deseable (el ideal).
En el mundo real, la libertad que hoy tiene el usuario para instalar, descargar y usar la aplicación que desee, en la PC que decida comprar con el proveedor de Internet de su preferencia. Pero tantas libertades tienen un costo y este se da en la forma de las limitadas opciones que el usuario tiene en la plataforma básica (sistema operativo) e incluso en algunas aplicaciones: aún con distintos sistemas operativos, la vida es más fácil para los usuarios que usan y comparten archivos en formato de Microsoft Office y un dolor indescriptible para los que optaran (teóricamente) por no hacerlo.
Finalmente, ¿qué desea Google?. Estoy convencido de que la empresa realmente quiere que los usuarios tengan más opciones de servicios, aplicaciones y dispositivos móviles; sólo que nadie ha reparado en el costo implícito: Google busca monopolizar el diseño de la arquitectura de los nuevos dispositivos de la misma forma como Intel y Microsoft hoy lo hacen con las PCs.
Es posible que el costo de tener una plataforma de Google en todos o la mayoría de los teléfonos móviles sea menor que los beneficios de contar con diversidad de dispositivos y aplicaciones compatibles, pero hoy no tendríamos forma de saberlo.
Sí podemos, sin embargo, saber cuál es el costo en el caso de las plataformas de cómputo. Es antigua la crítica de que una empresa debe de comprar equipos con prácticamente el mismo poder de cómputo para una asistente que sólo escribirá cartas en Word que para un analista financiero que hará demandantes cálculos en Excel. En ambos casos, también será más práctico comprar una licencia completa de Microsoft Office a ambos usuarios, independientemente de que no usen todas las aplicaciones adquiridas.
Si Google busca definir el estándar para aplicaciones y dispositivos móviles de nueva generación, adelante y ojalá que, si su propuesta ofrece valor a los actores de mercado involucrados (usuarios y operadores), la empresa sea exitosa en ello. Pero debemos ser claros en los costos asociados a este escenario, de la misma forma como debemos esperar que Google o cualquier otra empresa, triunfe en el mercado abierto y no buscando diseñar regulación a la medida.
Nota final: se puede argumentar que el de Intel no es monopolio sino un oligopolio con AMD en el mercado de microprocesadores. Por eso anoté "monopolizar el diseño". AMD estaría muerta sino diseñara chips que fueran 100% compatibles con la arquitectura dictada por Intel.
Recientemente una reportera me preguntaba sobre la Agenda Global de Cibeseguridad de la ITU, estos fueron mis comentarios:
Todo análisis del tema debe de considerar dos aspectos vitales:
1. Que toda política de ITU hacia Internet parte, antes que de cualquier otra cosa, del esfuerzo de la institución por mantener su sobrevivencia y relevancia en el mundo de Internet, donde, a diferencia de la red telefónica tradicional, la agencia tiene muy poca capacidad real de fijar estándares tecnológicos o normas para fijar políticas públicas.
2. Que en temas de ciberseguridad hay dos tipos de amenazas:El cibercrimen: que la Propuesta de una Convención Internacional para Cibercrimen y Terrorismo de la Universidad de Stanford define como:
• La acción de crear o usar programas que provoquen que un sistema de cómputo deje de operar en la forma como fue concebido o realice funciones no contempladas por su dueño legítimo.• La acción de crear, modificar, borrar o manipular datos en un sistema de cómputo con la intención de proveer información falsa para causar daños a las personas o a las propiedades.• Obtener acceso a un sistema restringido.• Usar un sistema de cómputo como factor material para la comisión de un acto penado por las diversas convenciones en materia aeronáutica, marítima, de actos terroristas y narcotráfico.Y donde tiene más impacto los esfuerzos y políticas que fijan autoridades judiciales y financieras locales en cada país más allá de lo que diga la ITU. Es decir, tiene más impacto (para el ejemplo de México) toda la iniciativa de protección a usuarios de banca electrónica de la CNBV y los esfuerzos de la AFI por combatir la pornorafía infantil que cualquier discurso de una burocracia internacional cuyo único incentivo es mantener una posición de poder.
El ciberterrorismo: que el Taller sobre la Creación de Confianza en Infraestructuras de Red Críticas (término que involucra a todos los tipos de redes no solo Internet tanto en su parte física –las redes- como lógica – el software-) realizado en la República de Corea del Sur en Mayo del 2002 define como el Cibercrimen cometido por una amenaza estratégica, que es la que posee las siguientes características que la distinguen del criminal casual:
• Es estructurada, de forma tal que la fuente de una amenaza es una organización y no un individuo aislado.• Está bien financiada, de forma que cuenta con equipo, tecnología y personal necesarios para operar un ataque de gran escala desde múltiples localidades.• Es un actor hostil al tener fines antagónicos con los de la parte atacada. Tiene objetivos de ataque bien definidos y estándares específicos de operación.• Protege a su personal, haciéndolo difícil de identificar, localizar y aprehender.• La estructura hostil es respaldada por una o varias agencias de inteligencia, permitiendo la infiltración de agentes que puedan tener acceso de primera mano a la operación de la ICRT o información relevante a ésta.• Puede compartir información con otras organizaciones afines a sus intereses políticos.Y donde es lamentable que ITU haya reducido el ámbito de su trabajo del especificado por el Taller citado a la actual Agenda de Ciberseguridad, alejada totalmente de los temas de infraestructura física (el fuerte tradicional de ITU) y más enfocada a temas de seguridad lógica, tópico donde, frente a la autoridad para fijas estándares de la IETFy a los mecanismos de cooperación como los establecidos informalmente a través de las comunidades que integran los RIRs y en el caso de Latinoamérica LACNIC, realmente ITU tiene muy poco poder de convocatoria e influencia.
Frecuentemente se escucha la crítica que académicos y especialistas hacen al modelo de relación de la autoridad con la industria de telecomunicaciones en México, la comúnmente denominada “doble ventanilla”. Su existencia se refiere al caso en que los dos órganos relevantes del sector tienen funciones relacionadas pero con jerarquía distinta: la SCT debe ejercer la rectoría del Estado en términos del diseño de la Política Pública con metas de largo plazo (el “qué”) y la Cofetel debe definir las regulaciones que establecen con detalle los derechos y obligaciones de las partes involucradas para el logro de las metas (el “cómo”).
La realidad, sin embargo, es que la industria tiene que enfrentar la parálisis que genera la continua disputa entre estos dos órganos y sus criterios frecuentemente contradictorios.
Sin embargo, permítame señalar un tema que es aún más grave: el hecho de que históricamente, ninguna de las dos autoridades ha ejercido un liderazgo efectivo en la definición de las Políticas del Sector. Me valgo de una revisión a la experiencia de dos socios comerciales estratégicos (España y Estados Unidos) en su definición de una Política Pública clave (la migración a la TV digital).
Estados Unidos – Más servicios
En los Estados Unidos, la mayoría de la población tiene acceso a servicios de TV por cable, pero el uso de teléfonos móviles es menos común que en Europa y los accesos de banda ancha son menos abundantes que en países como los escandinavos y Corea. ¿Qué definió Estados Unidos como prioridad en el proceso de migración a la TV digital?, siendo ésta una tecnología más moderna y eficiente (con el espectro radio eléctrico donde hoy se transmite un canal de TV analógica, se puede dar espacio a hasta 4 canales de TV digital) en Estados Unidos se dio prioridad a reutilizar el espectro liberado después de la migración para permitir una mayor oferta de servicios de telecomunicaciones.
Estados Unidos finalizará su migración en el año 2009, pero hoy ya subasta el espectro que quedará libre para permitir la entrada de nuevas empresas de telecomunicaciones y las empresas de TV tienen la opción de considerar utilizar una parte del espectro para otros servicios. Tal apertura incluso ha permitido que el gigante de las búsquedas de Internet, Google, esté considerando entrar a este mercado.
España – Más canales
España finalizará su migración en el año 2010 luego de haber adelantado el proceso y a pesar de que la Unión Europea le daba margen para hacerlo hasta 2012. En su Política, España define un primer objetivo muy simple: tener más canales de TV abierta mediante un esquema que incremente “el pluralismo reforzando la libertad de elección de los ciudadanos”.
México – Tarde y sin objetivos
¿Qué define para el caso mexicano la Política de Televisión Digital definida por los entonces Secretario y Subsecretario Pedro Cerisola y Jorge Alvarez-Hoth? Le pido encarecidamente que no se ría. La mencionada Política tiene como su primer objetivo “La inclusión digital” que permitirá que “la sociedad se beneficie de las ventajas que ofrece esta tecnología”. En un ejemplo de libro de texto sobre lo que sería una definición tautológica, nuestra Política define que debemos migrar a la TV digital para poder ser digitales y disfrutar el serlo. Como segundo objetivo define la “Calidad” para contar “con imágenes y sonido de mayor fidelidad y/o resolución”, lo cual es una cualidad opcional de la tecnología y no pareciera ser un objetivo socialmente más deseable que gozar de una mayor oferta de servicios (mencionado someramente en cuarto lugar) o de contenidos televisivos (omitido).
Por si esto fuera poco, se define como una meta para la migración el año 2021; es decir, tardaremos 12 años más que Estados Unidos, 11 más que España y 5 más que Brasil: todos ellos países con los que por relaciones comerciales, culturales y geográficas tiene mucho sentido que nos comparemos.
¿Qué camino sería el mejor para México?, ¿el seguido por España o el elegido por Estados Unidos?, es probable que las necesidades de nuestro país nos lleven a considerar un esquema mixto, donde se busque maximizar el uso del espectro con la intención de permitir avances significativos en ambos temas.
Con esta perspectiva, además, muchas de las politizadas discusiones que siguieron a partir de y persisten sobre las Reformas a las Leyes de Telecom y Radiodifusión de 2006 parecerían totalmente bizantinas, si bien entendibles una vez que, ante la problemática de definir temas de fondo, la ventanilla de la autoridad responsable ha sido funcionalmente nula.
El día de ayer fui citado por Reforma respecto a la larga problemática que representa el tema de Interconexión en el ámbito de las telecomunicaciones mexicanas.
Los problemas de interconexión no son exclusivos del mercado Mexicano ni son recientes, pues denegar la interconexión o hacerla prohibitiva es una táctica fácil para que operadores dominantes saquen del mercado a otros jugadores. Algunos otros casos:
• En 1974 AT&T desconectó unilateralmente a MCI. Ante esto MCI levantó una demanda anti-monopolio que fue seguida casi inmediatamente por una similar del Departamento de Justicia en Estados Unidos y eventualmente a la desintegración de AT&T en 1984 (la cual se da por otras razones más pero la desconexión fue la "gota que derramó el vaso").
• A finales de los 90's Telmex desconectó (entre una disputa de cuentas por pagar) los circuitos privados que Avantel le rentaba para dar servicios a grandes empresas. El asunto no pasó a mayores porque la ley mexicana no reconocía este tipo de servicios como interconexión.
• La discusión sobre los cargos de interconexión internacionales entre redes de Internet revive periódicamente y de hecho la OCDE publicó a finales del año pasado un documento comentando el problema.
La Revista L@tin.tel de Regulatel publica en su último número mi artículo: Convergencia: ¿Problema de Regulación o de Políticas Públicas? donde planteo los problemas que la Convergencia trae al Regulador:
• En el mundo convergente, regular las redes públicas o sus operadores no significa en automático regular todos los servicios accesibles al usuario por estas redes.
• Industrias reguladas principalmente por criterios antimonopolio (cómputo), se funden con aquellas con regulación específica y enfoques distintos, por ejemplo, las telecomunicaciones con enfoques a la infraestructura y/o la competencia y los medios de radiodifusión con enfoque al interés público.
• Los marcos regulatorios y de política pública permanecen enfocados y restringidos a las fronteras de cada subsector de telecomunicaciones.
Analizando las experiencias de migración a la TV Digital y España, queda claro que el regulador no puede establecer reglas claras y conducentes, sin un objetivo establecido al nivel de Políticas Públicas.
Existe una gran desinformación en nuestro país respecto a la legalidad o ilegalidad de servicios de VoIP y frecuentemente se escuchan frases como "es un servicio que no está regulado en México", o "sólo es una aplicación más que no debe ser regulada".
La realidad es que mientras un servicio utilice numeración telefónica de acuerdo al Plan Técnico Fundamental de Numeración queda claro que el servicio está sujeto a cierta regulación. Por sus características, sin embargo, estos servicios no necesariamente estarían sometidos a las mismas cargas regulatorias que un operador tradicional.
La Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995 ya considera la figura de "Comercializadora" de Servicios de Telecomuniaciones para aquellas empresas que ofrecen los servicios sin haber construido o ser dueños de una red pública de telecomunicaciones. A pesar de ello, fue hasta hace apenas algunos años que COFETEL decidió reglamentar la figura y otorgar los primeros servicios de comercialización.
El día de hoy Reforma me cita, respecto a la figura legal con la que podrían operar empresas como Vonage o eBAY y su servicio Skype:
"Estas empresas ya podrían solicitar un permiso como comercializadoras para ofrecer el servicio. Pero ninguna de ellas lo ha buscado ni para servicio local o Larga Distancia",
Al ser Skype y Vonage servicios que no incluyen el uso de una infraestructura de acceso (como lo sugería la idea original de un servicio ofrecido a través de una Comercializadora), podría ser discutible si la figura de Comercializadora avala o no a estos servicios tal y como hoy operan. Yo particularmente pienso que la respuesta es un enfático "Sí", si bien, insisto, es posible que el tema genere más debate.
Lo que es un hecho es que no abona en nada para la causa de estas empresas el no haber empezado los trámites más mínimos para solicitar tales permisos.
El cambio de señalización que se llevó a cabo en la red telefónica en México durante la madrugada del 12 de julio para hacer posible la Portabilidad Numérica fue de una magnitud que la red telefónica nacional (el conjunto de las redes de todos los operadores) nunca había vivido antes. Esto es porque el proceso se dio en tiempo récord, simultáneamente en todo el país y con una gran diversidad de redes operando; esto contrasta con procesos similares previos:
1) Cuando Telmex migró su red a una red de fibra con centrales telefónicas digitales, éste proceso tomo casi una década: desde el temblor de 1985 a los años anteriores al proceso de apertura a la competencia (1996). De nuevo, aunque la tecnología hoy lo permite más fácilmente, hoy el cambio se hizo en menos de una hora.
2) Cuando los nuevos operadores de Larga Distancia se interconectaron con Telmex en 1996 el proceso de arranque de servicio fue gradual. Een enero de 1997 sólo se abrió la ciudad de Querétaro al proceso de selección de operadores de Larga Distancia; después de un mes de operación de Querétaro, se pasó a abrir Monterrey y después de Marzo se continuó gradualmente con más ciudades para culminar con el país completo (o más bien sólo las 60 ciudades más grandes) en diciembre de ese año. Esta vez el proceso arrancó simultáneamente en todo el país.
3) De nuevo, con la de apertura a la competencia en LD, la única red operando era la red de Telmex (y la de los operadores celulares, que no participaban en el proceso) y la de los nuevos competidores de LD, éstos últimos los cuales NO TENÏAN CLIENTES. El proceso reciente implicó a más de 20 operadores, los cuales, el más pequeño (los operadores de cable pequeños que apenas empiezan a ofrecer servicios telefónicos) no tiene menos de varios miles de clientes y donde hay múltiples operadores de mediano y gran tamaño (cientos de miles o millones de clientes) adicionalmente a los dos incumbentes (Telcel y Telmex).
Es decir, era lógico algo de nervisiosmo en la industria por ver cómo resultaría el proceso. Sin embargo, más allá las fallas que sí se reportaron y que hubiera sido deseable evitar, el proceso se llevó sin sobresaltos mayores.
Estamos a menos de un año de que se cumplan 10 de la introducción de una de las medidas regulatorias más exitosas en el mercado de las telecomunicaciones en México: la modalidad “el que llama paga” en el servicio de telefonía móvil.
Fue a partir de esa medida y por su permanencia durante estos años, que una gran mayoría de la población mexicana ha podido acceder por primera vez a servicios de telefonía e incluso, más recientemente, también a servicios de acceso a Internet.
Con 15 millones de líneas residenciales, sólo el 55% de los hogares mexicanos cuentan con una línea de telefonía fija, mientras ya estamos cada vez más cerca de contar con 80 millones de teléfonos móviles en el país, los cuales son mayoritariamente usados por consumidores (personas comunes como usted y como yo) más que por instituciones (empresas, organismos de gobierno) donde la penetración del servicio se ha mantenido en cifras de un dígito.
La firma Analysys Mason en su reporte “¿Qué parte paga? : el impacto en los mercados móviles” es tajante al definir la entrada de la modalidad “el que llama paga” como la responsable de que algunos países tengan mayor penetración que otros. El estudio comenta que al hacer posible contar con un teléfono de prepago para usarlo primordialmente para llamadas entrantes, que son gratuitas, los países Europeos cuentan con más 1 línea móvil por habitante (España 105% de penetración y 120% para el Reino Unido), comparado con penetraciones del 50% para Canadá y 75% para Estados Unidos, ambos países que no cuentan con la modalidad “el que llama paga”.
Por otro lado, los usuarios de Estados Unidos y Canadá al sacrificar la penetración del servicio, gozan de planes tarifarios ilimitados económicos que son poco comunes en sus contrapartes europeas o latinoamericanas. En el caso latinoamericano, donde prácticamente todos los países optaron por “el que llama paga” es obvio que la decisión de la autoridad se enfocó en renunciar a ese beneficio para los usuarios de alto uso en planes de contrato (menos del 10% de los usuarios totales) a favor de que más usuarios tuvieran la posibilidad de contar con un teléfono.
En ese sentido, cobra vital importancia que el regulador genere los mecanismos para determinar una tarifa de interconexión que permita la viabilidad del servicio así como su asequibilidad para una mayor parte de la población. A partir de un reporte de JP Morgan (Brazilian Mobile : The Interconnection Liability, 14 de diciembre de 2007, que destaca las altísimas tarifas de interconexión para “el que llama paga” en Brasil) se puede estimar que en promedio, las tarifas de interconexión mexicanas en el año 2007 eran: 45% más económicas que las brasileñas, 10% más bajas que las de un promedio de los países de la Unión Europea y 23% más caras que las de Argentina.
Este último dato no es para genera preocupación, pues la reducción en la tarifa de interconexión, que fue previamente programada para el primer día de enero de 2008, nos coloca apenas 10% arriba del nivel de Argentina en este año y probablemente (contingente a que el regulador argentino no reduzca sus tarifas) en 2009 estaremos a la par con la reducción adicional programada para entonces.
En años recientes, la autoridad mexicana se ha preocupado por mantener los beneficios de “el que llama paga” (mayor teledensidad al favorecer la difusión de planes de prepago) sin dejar de crear incentivos para la productividad de los operadores que se traduzcan en mejores precios al usuario (reducción gradual de la tarifa de interconexión). Ambas acciones, han sido clave para lograr la meta de que más mexicanos se mantengan comunicados.
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